Legislatura LCABA. Promueven eliminar requisitos burocráticos a la actividad económica

Comisiones Tres comisiones asesoras firmaron el dictamen favorable al proyecto del Ejecutivo. Para las habilitaciones bastarían una declaración, la licencia y un permiso. Proponen mayor rigurosidad con los infractores.
El proyecto de ley enviado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con la finalidad de regular la actividad económica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió este mediodía dictamen favorable de diputados que integran tres comisiones de asesoramiento: Desarrollo Económico, Justicia y Asuntos Constitucionales.

A través de la nueva normativa se persigue regular los principios y pautas generales que han de regir las autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio de las actividades económicas entendida ésta como “toda acción comercial y/o industrial, consistente en la producción de bienes y/o prestación de servicios”.

Además, la Agencia Gubernamental de Control -AGC- como autoridad de aplicación podría determinar cuáles serán los procedimientos especiales aplicables fijados en normas reglamentarias que continuarán vigentes, los que en su interpretación deberán ajustarse a las pautas y principios de la iniciativa legal y por otra parte sería de aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regímenes especiales subsistan.

Quedarían excluidas de la presentación de las clases de autorizaciones las siguientes actividades: el uso residencial, sus espacios comunes o lugares accesorios, incluidos los garajes para estacionamiento particular; cualquier actividad desarrollada de manera directa por la administración pública centralizada o descentralizada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de las administraciones de las Provincias o del Estado Nacional que se desarrollen en su jurisdicción; y aquellas actividades realizadas por las personas jurídicas privadas cuando asumen la consecución de finalidades de interés público y desarrollen actividades esenciales propias de la administración pública.

El título II se refiere a los principios aplicables a la actuación privada y pública en el desarrollo de las actividades económicas en tanto el Título III detalla las autorizaciones, el IV su vigencia, ejercicio y revocación; el Título V se dedica a la fiscalización, el VI a disposiciones complementarias y el VII, a las transitorias. El proyecto tiene en total casi cuatro decenas de artículos.

Al comienzo de la reunión el titular de la Comisión de Desarrollo Económico, MerCoSur y Políticas de Empleo, diputado Christian Bauab (VJ), destacó que “ésta propuesta trabaja con la revalorización del ciudadano como verdadero protagonista del desarrollo económico y el reconocimiento de su responsabilidad. Así también, la responsabilidad de los profesionales que colaboran en los procesos de autorización gubernamental de una actividad económica”.

Explicó que de acuerdo a la modificación realizada al artículo 8° “el universo de las actividades económicas, se dividirá en tres clases de autorizaciones: la declaración responsable sin perjuicio que la Agencia Gubernamental de Control -AGC- deberá realizar la correspondiente verificación; la licencia y el permiso para actividades económicas, siendo todas revocables por acto fundado de la autoridad de aplicación bajo diferentes causales”.

Por otra parte, su par de la Comisión de Justicia Daniel Presti (VJ) remarcó el “cambio de paradigma” y como principal modificación al proyecto original que “las contravenciones fueron convertidas a faltas con sanciones que van de 1.500 a 15.000 Unidades Fijas acompañada de clausura ó inhabilitación”.

Presencia de la AGC

La reunión contó con la presencia de funcionarios de la AGC, responsable de habilitar y fiscalizar los locales comerciales de la Ciudad así como de controlar las obras en construcción y la higiene alimentaria en establecimientos y vía pública. Estuvo su titular Ricardo Raúl Pedace, el jefe de gabinete y los directores generales de Legal y Técnica, Andrés Mariano Bousquet, de Habilitaciones y Permisos Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

La AGC fue creada en diciembre de 2007 por medio de la Ley N° 2624. Y como ente autárquico concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de establecimientos privados, las obras civiles de arquitectura y el control de salubridad de alimentos.

Su misión es lograr que la Ciudad esté en norma y sea más segura en las materias sujetas a su control con la visión de acompañar al administrado a estar en regla, priorizar la acción preventiva, y promover el cumplimiento voluntario de la normativa vigente y la participación activa del ciudadano.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) autoriza el funcionamiento de comercios, industrias, espectáculos y el expendio de alimentos en vía pública; la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) controla a través de su cuerpo inspectivo el funcionamiento, la seguridad y la higiene de los locales comerciales, industriales, boliches y eventos masivos; la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA) controla a través de sus agentes la salubridad de los alimentos que se producen, expenden y se transportan; y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) vigila a través de sus inspectores el funcionamiento y la seguridad de las obras de construcción públicas y privadas, sean nuevas o se trate de refacciones, instalaciones y mantenimiento.

Otros detalles

El nuevo marco regulatorio reemplazaría las disposiciones generales del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ordenanza N° 34.421 Anexo 13 – Texto consolidado según Ley N° 5.666. El Código actual tiene su base normativa en el año 1976 -cuando la Ciudad de Buenos Aires era considerada un ente descentralizado del Estado Nacional- aunque continúan vigentes Ordenanzas que datan del año 1910, mayoritariamente en desuso.

El proyecto de ley considera el recurso judicial directo contra las resoluciones de revocación, las cuales podrán recurrirse ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto a la fiscalización de las actividades económicas, se aspira a subrayar la función de los inspectores delimitando sus deberes y facultades, siendo los encargados del cumplimiento de la normativa vigente, en ejercicio de la verificación del Poder de Policía, de las actividades económicas en materia de funcionamiento, salubridad, seguridad, e higiene.

Otros puntos destacables son: la implementación de un sistema integrado de información que administre los datos significativos y relevantes de las declaraciones responsables y licencias otorgadas, como así también de un medio de denuncias a las infracciones relacionadas con este nuevo régimen. También la imposición de un plazo para que las habilitaciones otorgadas y las solicitudes en trámite por medio del régimen que se intenta derogar, soliciten la autorización correspondiente a su actividad económica. La incorporación al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 1472, de la figura del falseamiento de información o de documentación de las declaraciones responsables, una reforma a la Ley Tarifada vigente, con el objeto de adecuar los derechos correspondientes a los trámites solicitud de autorización de actividad económica que se proponen y finalmente la modificación a la ley N° 1.217, contemplando medios electrónicos para el labrado de actas.

El diputado Sergio Abrevaya (GEN) manifestó su acuerdo conceptual con la iniciativa, que es lógico que las penas sean mayores y pidió “no dejar afuera de la normativa a los talleres domiciliarios” por lo que consideró oportuna su incorporación a fin que se legalice su situación.

La reunión se efectuó en el Salón De los Pasos Perdidos – Presidente Juan D. Perón con la asistencia de legisladores miembros de las tres Comisiones involucradas, funcionarios y asesores.